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El presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, afirmó ayer que «el gobierno nacional tomó a los trabajadores organizados como su enemigo» y que «desarrolla un programa político que se propone restituir el derecho del trabajo vigente en el siglo XIX».

Cremonte agregó que «no se trata simplemente de una reforma laboral regresiva; se ha tomado como enemigo al trabajador organizado de modo de dejar librada su suerte a la voluntad del empresario».

En la apertura de las Jornadas Anuales de AAL, que se desarrollan en Gualeguaychú, Entre Ríos, el directivo consideró que «se pretende debilitar a las organizaciones sindicales, afectar la independencia de los jueces laborales; en definitiva, destruir la esencia del derecho del trabajo».

Etapa de retroceso

Por su parte, el secretario general de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco, afirmó que la Argentina «se encuentra en una etapa de retroceso en materia de reconocimiento de los derechos laborales» y enfatizó que «son los sindicatos los que pueden jugar un rol en la respuesta a esas políticas» que se quieren implementar.

En la misma reunión, Mario Elffman, docente y ex integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, analizó la actuación de la juricatura en ese contexto para el mundo del trabajo y señaló que «los jueces argentinos deben ser imparciales pero nunca neutrales, porque deben cumplir su mandato legal de garantizar los derechos legislados».

Las jornadas de la AAL que concluirán hoy y se realizan en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú, son el prólogo de la audiencia pública que se realizará el próximo 24 de octubre en la ciudad uruguaya de Montevideo, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), y en la que se examinarán las supuestas violaciones del gobierno argentino a los derechos humanos laborales.

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