En las inmediaciones del Congreso argentino se vivieron graves incidentes durante las manifestaciones en contra de la llamada «ley ómnibus». Las protestas, que se intensificaron después de la aprobación inicial de la ley, resultaron en enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval Argentina.
Los choques comenzaron cuando los manifestantes intentaron cruzar la calzada en las cercanías del Congreso, lo que provocó la intervención de las fuerzas de seguridad que utilizaron gas pimienta, balas de goma y camiones hidrantes para dispersar a la multitud. Algunos manifestantes respondieron lanzando piedras y botellas, además de prender fuego a un contenedor de basura.
Durante los enfrentamientos, cuatro mujeres fueron detenidas, entre ellas una menor de edad, lo que generó indignación y denuncias de abuso policial por parte de los presentes. El diputado Eduardo Toniolli intentó intervenir para liberar a las detenidas, pero fue agredido por la policía.
Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, también fue agredido por la Prefectura durante la manifestación. Belliboni relató que fue golpeado y arrastrado mientras participaba en una protesta pacífica.
La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el operativo y anunció que denunciará penalmente a los manifestantes que cometieron actos de violencia y daños a bienes públicos. El expresidente Mauricio Macri respaldó estas acciones, enfatizando la necesidad de mantener el orden y la seguridad durante las protestas.
Diversos sectores políticos y sociales repudiaron la represión policial. La diputada Myriam Bregman criticó duramente el despliegue de fuerzas de seguridad y subrayó el derecho de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente.
La situación en torno al Congreso refleja una creciente tensión política y social en Argentina, donde las protestas contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei continúan movilizando a amplios sectores de la población.