En una medida que marca un cambio significativo en la administración pública, el Gobierno de Javier Milei ha derogado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 823/21, que había permitido a través de una vía legal la contratación de pólizas de seguros a precios inflados en diversas empresas estatales. La decisión fue oficializada con la publicación del Decreto 747/2024 en el Boletín Oficial.
El DNU 823/21, promulgado durante la presidencia de Alberto Fernández, había sido criticado por facilitar la venta de seguros a empresas del Estado a precios superiores a los del mercado. La derogación de este decreto representa un intento del nuevo gobierno de ajustar las prácticas de contratación pública y combatir posibles irregularidades.
Con el nuevo decreto, se han eliminado todas las modificaciones que se habían incorporado a la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que regían las contrataciones de seguros. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, junto a Guillermo Francos, jefe de Gabinete, serán responsables de supervisar y analizar los documentos relacionados con estas contrataciones.
Una de las principales consecuencias de la derogación es la eliminación de la obligatoriedad de contratar pólizas de seguros del Estado, permitiendo a las entidades estatales buscar proveedores externos. Mientras tanto, el Gobierno llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre los fondos asignados a contratos y acuerdos actuales y anteriores relacionados con seguros.
El nuevo decreto establece que, en adelante, se considerará que una empresa estatal ha recibido una ventaja indebida si se detectan criterios de selección que favorezcan a una entidad específica. No obstante, se aclara que no se considerará una ventaja o preferencia en contratos y convenios interadministrativos si el único proveedor disponible es una jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional.
Finalmente, el Decreto 747/2024 designa a la Oficina Nacional de Contrataciones como el organismo encargado de gestionar y revisar las nuevas contrataciones, garantizando así una mayor transparencia en el proceso.
Este cambio normativo refleja un esfuerzo por parte del gobierno de Milei para reformar el sistema de contrataciones del Estado, en respuesta a las críticas por irregularidades y excesos en las prácticas de contratación anteriores.