El Gobierno, con el apoyo de sectores del macrismo, logró mantener el veto a la ley de financiamiento universitario. Este proyecto, que ya había sido aprobado por el Congreso, buscaba aumentar los recursos para las universidades nacionales, pero fue bloqueado por el presidente Javier Milei mediante un decreto, pocas horas después de una marcha masiva en defensa de la educación pública.
Tras varias semanas de tensiones con sus aliados y negociaciones con gremios y gobernadores, los libertarios sumaron 84 votos en defensa del veto, mientras que la oposición alcanzó 164 para insistir con el proyecto original. Sin embargo, dado que la Cámara de Diputados necesita dos tercios de los presentes para rechazar un veto presidencial, las ausencias y abstenciones fueron determinantes en el resultado.
El Gobierno argumentó que la implementación de la ley generaría un incremento significativo en el presupuesto universitario, estimado en más de 250 mil millones de pesos solo hasta agosto de 2024, además de un gasto adicional de más de 800 mil millones para la recomposición salarial del personal universitario. Milei defendió el veto alegando que el proyecto no consideraba el impacto fiscal ni la fuente de financiamiento, lo que lo hacía inviable económicamente.
Esta decisión desató fuertes críticas desde la oposición y provocó manifestaciones en varias ciudades del país, lideradas por estudiantes, docentes y figuras políticas que denunciaron el debilitamiento de la educación pública.