El Sector Público Nacional (SPN) alcanzó en 2024 un superávit financiero de $1.764.786 millones, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI), logrando así el primer resultado positivo de este tipo desde 2010. Este logro consolida la política de anclaje fiscal del gobierno, que proyecta mantenerla durante 2025.
El desempeño anual fue impulsado por un resultado primario de $10.405.810 millones (1,8% del PBI) y una deuda flotante que se mantuvo en términos nominales al nivel de 2023, lo que representó una reducción real del 52%. Además, se destacó una racionalización del gasto en la Administración Nacional y el saneamiento de empresas públicas, las cuales registraron su primer mes de superávit operativo desde 2009. Asimismo, la disolución de 19 fondos fiduciarios permitió un uso más eficiente de los recursos públicos.
Desempeño en diciembre
En diciembre de 2024, el SPN presentó un resultado financiero negativo de $1.557.305 millones, compuesto por un resultado primario de -$1.301.046 millones y el pago de intereses de deuda pública neta por $256.260 millones. A pesar de este déficit mensual, el resultado fiscal fue menor en términos nominales que el registrado en diciembre de 2023.
Detalle de ingresos y gastos
Los ingresos totales del SPN en diciembre alcanzaron $9.871.121 millones, representando un incremento interanual del 133,5%. Este crecimiento estuvo liderado por la recaudación tributaria, que subió un 135,1% i.a., destacándose los ingresos por Ganancias (+218,7%), Impuesto a los Débitos y Créditos (+180,7%) y Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+166,6%).
En cuanto a los gastos, los primarios totalizaron $11.172.167 millones (+79,7% i.a.). Las prestaciones de la Seguridad Social representaron $7.212.371 millones (+132,2% i.a.), impulsadas por la fórmula de movilidad ajustada a la inflación, sumada a una compensación adicional del 12,5% otorgada mediante el DNU 274/24.
Además, las transferencias corrientes alcanzaron $3.255.195 millones, destacándose los aumentos en prestaciones sociales y políticas alimentarias, como el incremento del 138% en la Tarjeta Alimentar y la expansión del Plan 1.000 Días en un 500%. Los subsidios económicos también mostraron un aumento del 20,2%, con los energéticos creciendo un 21% y los destinados al transporte un 36,7%.
Este resultado fiscal positivo marca un hito en la política económica nacional, reflejando un esfuerzo sostenido en la optimización de recursos y la consolidación fiscal.