El INYM cambia su rol: qué se controlaba antes y qué rige ahora con la Resolución 2/2026

La Resolución 2/2026 del Instituto Nacional de la Yerba Mate marcó un giro en la forma de regular la actividad yerbatera. Sin eliminar los controles sanitarios ni de calidad, la norma redefine el alcance del INYM, alineándolo con la política nacional de desregulación y limitando su capacidad de intervención sobre el funcionamiento del mercado.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, deroga y modifica regulaciones históricas del organismo y deja planteado un nuevo esquema donde se preserva la inocuidad del producto, pero se reducen las herramientas indirectas de control sectorial.

A continuación, una comparación clara de cómo funcionaba el sistema y qué cambió a partir de esta resolución:


Recepción de hoja verde

Antes:
El INYM establecía procedimientos más detallados y formales para el control de ingreso de la hoja verde, con múltiples exigencias administrativas y operativas para secaderos y acopiadores.

Ahora:
Se mantiene el control sobre la calidad de la hoja verde, pero se simplifican los procedimientos. El foco queda en evitar el ingreso de vegetales ajenos, hojas quemadas o materia extraña, sin imponer mecanismos burocráticos adicionales.

Impacto:
Más agilidad para los operadores, sin resignar control sanitario.


Almacenamiento de yerba canchada

Antes:
Existían limitaciones más rígidas sobre los sistemas de almacenamiento y tipos de envases permitidos.

Ahora:
Se habilitan más tipos de envases y continentes, siempre que eviten el contacto directo con el suelo y la humedad. Se refuerza la prohibición de animales, residuos y plagas en los depósitos, y se exige uso exclusivo para yerba canchada.

Impacto:
Mayor flexibilidad logística, especialmente favorable a grandes operadores con infraestructura moderna.


Separación de palo grueso y cuerpos extraños

Antes:
La norma imponía criterios más amplios de control, con mayor intervención indirecta del INYM sobre los procesos internos.

Ahora:
La responsabilidad queda concentrada en los secaderos, que deben contar con sistemas adecuados para separar palo grueso y cuerpos extraños, siendo responsables directos por incumplimientos.

Impacto:
Se traslada la carga del control del Estado al operador privado.


Parámetros de calidad física

Antes:
Regía un esquema técnico con múltiples controles, algunos considerados redundantes por el propio Instituto.

Ahora:
Se mantienen límites precisos sobre humedad, polvo, semillas, materiales extraños y tamizado, pero con una normativa más unificada y clara.

Impacto:
No hay baja en estándares de calidad, sino reordenamiento normativo.


Controles microbiológicos e inorgánicos

Antes:
Existían protocolos de análisis, con procesos dispersos en distintas resoluciones.

Ahora:
Se consolidan en un único cuerpo normativo los controles sobre E. coli, Salmonella, Bacillus cereus y contaminantes como plomo, cadmio y arsénico, con procedimientos de muestras, contramuestras y destrucción del producto si no cumple.

Impacto:
Se fortalece la trazabilidad sanitaria y se ordenan los mecanismos de fiscalización.


Rol del INYM en el mercado

Antes:
El INYM tenía mayor margen para dictar normas que, directa o indirectamente, influían sobre el funcionamiento del mercado y la relación entre productores e industriales.

Ahora:
Queda expresamente limitado por el marco nacional que le prohíbe dictar normas que distorsionen precios, generen barreras de entrada o interfieran en la oferta y la demanda.

Impacto:
El Instituto conserva su rol técnico, pero pierde capacidad de intervención económica y sectorial.


¿Qué significa este cambio para el sector?

Para los grandes industriales, la resolución implica menos trabas operativas, mayor libertad logística y un INYM más técnico que regulador económico.

Para los pequeños productores, representa una pérdida de respaldo institucional frente a posibles abusos de mercado, ya que el organismo queda con menor capacidad para equilibrar relaciones comerciales.

En términos sanitarios y de calidad del producto, la norma no debilita los controles, pero sí redefine el rol político del Instituto dentro de la cadena yerbatera.

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