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La denuncia radicada por una misionera oriunda de Puerto Iguazú permitió desarticular una organización criminal dedicada a la captación de jóvenes para explotación laboral y estafa piramidal en Córdoba, donde la Policía Federal Argentina (PFA) realizó seis allanamientos, concretando la detención de tres “líderes” implicados y el rescate de 27 víctimas.
Según consignaron desde dicha fuerza federal, la investigación comenzó a partir de la denuncia de la muchacha misionera, quien relató que fue atraída a la ciudad de Córdoba mediante una oferta laboral engañosa a través de las redes.
Tras contar su experiencia, los investigadores de Agencia Regional Federal Centro Córdoba de la PFA profundizaron las averiguaciones y de esa forma determinaron la existencia de una organización criminal que se dedicaba a captar jóvenes en condiciones de vulnerabilidad con falsas propuestas de trabajo
De acuerdo a la información brindada, el grupo detrás de este ardid estaba conformado por un hombre de nacionalidad venezolana y dos mujeres argentinas, aunque el orden jerárquico de la organización era tal que todos estaban obligados a llamar “líder” al extranjero.
Los tres involucrados se exponían en redes sociales con fotografías en las cuales ostentaban ropas de marca, vehículos de alta gama y joyas. Todo consistía, en realidad, en una estrategia publicitaria con el propósito de convencer a jóvenes interesados en obtener su primer trabajo.
Lo que el grupo criminal proponía a los jóvenes era generar ingresos mediante el uso de redes sociales a través de una empresa que -según decían- estaba asociada a importantes plataformas internacionales.
Pero ahí comenzaba la estafa o la captación. Es que para asociarse y ser miembros de esa supuesta “franquicia digital”, los interesados debían abonar una especie de “suscripción” cuyo precio rondaba entre 150 y 200 dólares, aunque la membrecía variaba dependiendo el nivel socio-económico de cada persona, tópico que ya había sido analizado por la banda previamente.
Sin embargo, existieron jóvenes que no podían cubrir dichos costos y de esa manera caían en la captación.
Como alternativa, la banda convencía a los interesados a trasladarse hasta Córdoba, donde eran alojados en pequeños departamentos en condiciones de hacinamiento y debían trabajar en pos de la organización creando perfiles falsos en redes sociales para seguir captando personas que abonen la suscripción a la falsa franquicia digital.
Todas estas actividades eran registradas en cuadernos en los cuales se hacía un seguimiento diario. Según detallaron, en los allanamientos se secuestraron 36 anotadores, además de 42 celulares, tres notebooks y comprobantes de depósitos y transferencias.
Los operativos contra esta estructura criminal fueron realizados por pedido de Maximiliano Hairabedian, titular de la Fiscalía Federal 3 de Córdoba, y por orden de Alejando Sánchez Freytes, magistrado a cargo del Juzgado Federal de Córdoba, quienes ahora tienen a su disposición al venezolano y a sus dos cómplices.
De acuerdo a lo consignado por la PFA, la organización tenía acceso a cuentas bancarias tanto en Colombia como en Perú y la mayoría de los pagos de la suscripción que solicitaban eran realizados a través de criptomonedas para evitar que esas operaciones puedan ser rastreadas.
En total se realizaron seis allanamientos. Cinco de ellos fueron efectuados en un edificio sobre la calle Bedoya al 900 y el restante en un hotel céntrico.
Durante esos procedimientos el personal de la fuerza federal interviniente logró el rescate de 27 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que estaban sufriendo situaciones que configuran el delito de trata de personas.
Según indicaron, las víctimas eran personas provenientes de Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires, Catamarca, Salta, Chaco y Córdoba, como así también de otros países como Venezuela, Uruguay, Brasil y Ecuador. Todos fueron atendidos por el equipo interdisciplinario de la Subsecretaría de Trata de Personas de la Provincia de Córdoba.
