El Senado de Argentina aprobó recientemente la Ley de Financiamiento Universitario, que busca asegurar la actualización de los presupuestos destinados a las universidades en función de la inflación. La norma establece ajustes bimestrales basados en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados durante el año. Además, si una paritaria mejora las condiciones, prevalecerá sobre otras disposiciones.
El debate en el Senado fue amplio y con posiciones encontradas. Mientras que desde sectores opositores se destacaba la necesidad de garantizar recursos para la educación, el gobierno advirtió que el presidente podría vetar la ley debido a preocupaciones sobre el equilibrio fiscal. De hecho, algunos legisladores defendieron que la ley representa solo el 0,14% del PBI destinado a las universidades, un área clave para el desarrollo productivo del país.
La aprobación de esta ley ha generado fuertes reacciones en distintos sectores, con críticas al desempeño anterior del gobierno en la asignación de fondos y el manejo de la educación pública