La Fundación Vida Silvestre Argentina encendió las alarmas ante el severo desfinanciamiento de la Ley de Bosques proyectado para el ejercicio fiscal del próximo año. Según reveló la organización ambientalista a partir de los datos del proyecto de presupuesto nacional 2027 presentado por el Poder Ejecutivo, la partida destinada a la protección de los ecosistemas forestales alcanzará únicamente el 4,07% del monto fijado por la legislación vigente.
PUNTOS CLAVE Y COMPARATIVA PRESUPUESTARIA
$606.304 M
$24.668 M
* Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina en base a datos oficiales.
- Asignación 2027: $24.668 millones proyectados frente a los $606.304 millones que establece la ley (0,3% del presupuesto).
- Monto por superficie: Representa $466 anuales por hectárea ($39 al mes por hectárea) sobre un total de 53 millones de hectáreas.
- Consecuencias: Imposibilidad de fiscalizar, controlar incendios o desmontes ilegales y falta de incentivos para el uso sustentable.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos fue sancionada en 2007 con el objetivo primordial de armonizar el desarrollo productivo con la conservación de la naturaleza. Pese a la trascendencia de la norma, su aplicación práctica atraviesa un achicamiento sistemático de recursos, registrando para 2027 una de las cifras proporcionales más bajas desde su entrada en vigor.
Impacto directo por el desfinanciamiento de la Ley de Bosques
De acuerdo con el artículo 31 de la normativa, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos debe recibir un piso del 0,3% del presupuesto general de la Administración Nacional. Conforme a las estimaciones macroeconómicas, la partida tendría que ascender a $606.304 millones de pesos; sin embargo, la propuesta oficial contempla otorgar tan solo $24.668 millones.
Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, dimensionó la gravedad de las cifras al considerar la superficie que abarca el mapa forestal del país: “Según la última actualización disponible del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos, Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos. Un cálculo rápido nos muestra que con el presupuesto asignado se destinarían apenas $466 por hectárea al año, es decir, $39 por mes para cuidar cada hectárea. Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos”.
Jaramillo advirtió además sobre la parálisis operativa que enfrentan las jurisdicciones locales: “Las provincias no pueden fiscalizar ni controlar, y los propietarios no reciben estímulos para usar de manera sustentable, conservar ni restaurar”.
Deforestación ilegal, incendios y falta de controles
El panorama actual muestra que el cambio de uso del suelo continúa avanzando en zonas protegidas mediante desmontes no autorizados impulsados por emprendimientos agropecuarios, viales, forestales y urbanísticos. Asimismo, los terrenos quemados o deforestados ilegalmente sufren la falta de planes de restauración ecológica, agravado por la ausencia de un registro nacional de infractores que permita articular sanciones y mecanismos disuasivos eficaces.
“Desde Fundación Vida Silvestre realizamos este pedido todos los años, porque es algo que se repite en cada presentación del presupuesto nacional. Y aunque el proyecto de ley suele incorporar mejoras en su formulación, el monto asignado siempre termina siendo muy bajo e insuficiente a los fines de una correcta implementación de la ley. Excepto en los inicios, el presupuesto asignado nunca superó el 10% de lo que correspondería, lo que evidencia una falta de voluntad política”, remarcó el especialista.
Servicios ecosistémicos esenciales para la sociedad
Los ecosistemas forestales cumplen un rol indispensable en la calidad de vida de las poblaciones al mitigar los efectos del cambio climático, mitigar la erosión del suelo, regular las cuencas hídricas, albergar la biodiversidad y proveer bienes vitales como agua potable, medicinas, materias primas y alimentos. Su degradación genera pérdidas de carácter irreversible para el bienestar socioeconómico y ambiental.
Frente a las consecuencias irreversibles del retroceso ambiental, la entidad ecologista insiste en la urgente necesidad de frenar el continuo desfinanciamiento de la Ley de Bosques para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo. “Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos es una obligación legal y una oportunidad para el desarrollo económico y social. Necesitamos voluntad política, capacidad técnica y los fondos adecuados para implementar esta ley como corresponde”, concluyó Jaramillo.