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La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT), Mónica Macha, presentó una iniciativa que tiene como objetivo derogar la Ley de Impedimento de Contacto que es mal utilizada como herramienta que permite a los abusadores y violentos revincularse con sus hijas e hijos. El proyecto en cuestión busca que deje de regir la Ley Nacional 24.270 para que los niños y las niñas agredidas no vuelvan a relacionarse con esos padres y que, a su vez, no se criminalice a las madres que buscan protegerlos.
Según el Código Penal, la normativa sancionada y promulgada en noviembre de 1993 sostiene que «será reprimido con prisión de un mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes» mientras que resaltan, en el Art. 1, que «si se tratare de un menor de 10 años o de un discapacitado, la pena será de seis meses a tres años de prisión».
En el Art. 2, por su parte, se destaca que se aplicarán las mismas penas en el caso que un padre o tercero «mudare de domicilio (al niño o niña) sin autorización judicial» o si, con el mismo objetivo de impedir el contacto, «lo mudare al extranjero (…), las penas de prisión se elevarán al doble del mínimo y a la mitad del máximo». Frente a esto, el Tribunal debe disponer un plazo no mayor a 10 días para «reestablecer el contacto del menor con sus padres» y determinar, posteriormente, un «régimen de visitas provisorio» por un término no superior a tres meses. De existir ese régimen, forzarán a que se cumpla.
Si bien en la Ley 24.270 no se hace alusión en ningún momento a lo que ocurre con los casos de violencia, la denuncia de la diputada pasa por cómo es utilizada la normativa desde el Poder Judicial. «Se plantea la derogación de la Ley de Impedimento de Contacto, una ley que ya lleva cerca de 30 años, que se ha presentado en cuatro oportunidades, y aspiramos a que en esta instancia sí podamos avanzar porque, en la práctica, se ha constitudo en una herramienta para culpabilizar a las madres protectoras«, explica Macha. Sobre esto, agrega: «El tema no es lo que dice la ley sino la utilización que se le da y esto tiene que ver con cómo se van dando los procesos cuando alguien hace una denuncia de abuso sexual en infancias y adolescencias.».
A la hora de contar lo que sucede puertas adentro, la diputada del oficialismo señaló: «Una parte importante de la Justicia intenta aplicar el inexistente SAP (Síndrome de Alienación Parental) y también, otra figura que utilizan como doctrina, que es la implantación de falsas memorias. Entonces, el objetivo es ubicar a la madre en un lugar de fabuladora, mentirosa, manipuladora. La otra instancia, en paralelo, es ir contra los profesionales -médicos, psicólogos y demás- que validan ese abuso sexual. Además de ser desacreditados, muchos son allanados en sus casas por acompañar estos procesos». Y tras esto, llega la etapa del negacionismo, donde dice que «no hay abuso, no hay pruebas, se dejan de lado las pericias y no se cree en el discurso de la madre o de las niñas y niños».
Cuando esto ocurre, cuenta Macha, «se tira por tierra la denuncia» y lo que aparece allí es la utilización de la Ley de Impedimento de Contacto. «Para el Poder Judicial, una mamá fabuladora y mentirosa quiere separar a ese niño/niña del progenitor porque está despechada o hay un conflicto familiar. La mujer termina, muchas veces, sancionada y hasta presa -algo que estamos investigando actualmente-. Una vez que se aplica la ley, el progenitor pide la revinculación forzada. Es decir, un esquema de tortura absoluto para los niños/niñas y madres», sostiene.
Como bien se remarca, el proyecto de ley fue desestimado en cuatro ocasiones durante los últimos 20 años. «Es una norma que fue sancionada antes del cupo de género en las cámaras cuando la gran mayoría de los integrantes del Poder Legislativo eran varones», dijo en diálogo con Radio Provincia. Por esa razón, en la actualidad, Macha cree que puede existir una articulación mayor con otras organizaciones. «Es un tema de la agenda central de la política, entendemos que es un problema muy grave que involucra a las niñeces y a las madres. Hay una necesidad de transformar esta realidad y una de las herramientas es esta derogación, aunque no es la única», resalta.
Hay muchos ejemplos de niños y niñas que no quieren atravesar ese proceso de revinculación porque su progenitor atentó contra ellos de alguna forma y la Justicia termina obligándolos. «Las madres protectoras son aquellas mujeres que tras escuchar a sus hijos, al relatar síntomas o indicadores de abuso, acompañan, investigan, van médicos y hacen denuncias para proteger a sus hijos. A partir de eso, comienza una ruta crítica que, lejos de ser una excepción, es mucho más común de lo que creemos», explica la diputada.
Si bien todavía se desconoce cuándo podrá llegar a debatirse en el recinto del Congreso de la Nación, la ruta legislativa del proyecto es la Comisión Bicameral de Legislación Penal y de Familia, Niñez y Juventudes.