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En la triple frontera miembros de diferentes organizaciones académicas como la Universidad de Leeds, del Reino Unido, la Universidad Católica de Paraguay y la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), así como institutos y fundaciones como el Polo Iguassu (Brasil), la Fundación Futuro Latinoamericano (Ecuador) y organizaciones no gubernamentales (ONG) como el CeIBA, han unido esfuerzos para tomar medidas que permitan reducir la vulnerabilidad de estas tres ciudades frente al cambio climático en la región del Alto Paraná.
Después de recopilar información, basada en indicadores sociales, económicos, climáticos y ambientales, y a través de entrevistas y talleres con expertos y actores claves en el asunto, se desarrolló un índice de Vulnerabilidad Urbana de la triple frontera con el objetivo de identificar los problemas asociados al cambio climático, sus posibles estrategias- recomendaciones que lleven a soluciones concretas, viables y rápidas. Estos índices de vulnerabilidad demostraron que en general cada ciudad presenta problemas propios, así como problemas compartidos, por ejemplo, para el caso de Ciudad del Este y Puerto Iguazú, los indicadores de vulnerabilidad arrojaron que en estas dos ciudades existe una mayor susceptibilidad a sufrir daños y que sumado a eso, poseen menores capacidades de respuesta y adaptación; el problema radica en que estas dos ciudades están altamente pobladas, poseen pocos espacios verdes, así como muchas deficiencias en temas de salud, agua potable y saneamiento. Ante esta problemática, se ha observado que una mayor cooperación entre ambas ciudades, que no están conectadas directamente entre sí, ya que Foz do Iguaçu funciona como nodo de conexión, podría mejorar las acciones de preparación y respuesta ante eventos climáticos extremos como tormentas e inundaciones; así mismo se recomienda la creación de un Consejo Trinacional de Defensa Civil. Finalmente se plantean otras posibles soluciones que involucran un mejor ordenamiento territorial (control de la expansión regular e irregular), de infraestructura (inversión en saneamiento básico) y de capacidad institucional (educación ambiental).