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A tan solo tres semanas desde el pronunciamiento del presidente Javier Milei acerca de la firma del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, que comenzó a regir el pasado sábado y que hoy ha sido remitido al Congreso Nacional para su tratamiento, ya se han interpuesto 41 recursos de amparo con el objetivo de que la Justicia declare su inconstitucionalidad. Además, se han emitido dos medidas cautelares por parte de la Justicia para suspender la implementación de la reforma laboral propuesta. La mayor parte de estas acciones legales se han presentado en el fuero contencioso administrativo, un ámbito especializado donde los jueces evalúan la legalidad de las normativas emitidas por el Poder Ejecutivo en el ámbito de la administración pública.
Tras el fallo de la Justicia
El paso administrativo toma mayor relevancia después del fallo adverso de la Justicia. El Gobierno decidió hacer el envío a tiempo a pesar de que la comisión, según dicta la ley de DNU, podía tratar «de oficio» el decreto. Fue un gesto de institucionalismo en medio de las acusaciones por intentar saltear al Congreso de parte de la oposición más radical, donde también los acusan de postergar, con ardides, la conformación de la Comisión Bicameral Permanente, donde debería tratarse el decreto.
A partir de ayer rige un plazo de diez días para que ese cuerpo se integre y empiece a debatir el documento para que luego, eventualmente, haya o no dictamen. Hasta ahora, todos los partidos enviaron sus listas con sus miembros designados, excepto el bloque de Unión por la Patria, que solo presentó un nómina provisoria y exige cuatro puestos en lugar de los tres que quieren asignarle los libertarios (son ocho por Cámara, que deben reproducir las representaciones políticas de ambos cuerpos).
Mientras se especula sobre cómo avanzará la Justicia -que también hizo lugar a un pedido de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)- en Balcarce 50 confían en que saldrán airosos del debate legislativo y están seguros de que hicieron todos los deberes. Entre ellos, incluir el tratamiento del DNU en el articulado de la ley ómnibus, para asegurarse otra instancia de debate en caso de que la Bicameral rechace el megadecreto.