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El Gobierno anunció que extranjeros no residentes deberán pagar aranceles en universidades y hospitales públicos

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este martes desde Casa Rosada una reforma migratoria que introducirá cambios significativos en el acceso de extranjeros no residentes a los servicios públicos en Argentina. Según detalló, las universidades nacionales y los hospitales públicos podrán cobrar aranceles a extranjeros no residentes, mientras que también se ampliará la lista de delitos que serán causa de deportación.

Reforma educativa y sanitaria

Adorni explicó que las universidades nacionales tendrán la facultad de cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. «Esto representará una fuente de ingresos para las instituciones educativas. Por ejemplo, uno de cada tres estudiantes de Medicina en el país es extranjero», destacó.

En el ámbito sanitario, los hospitales públicos de gestión nacional, provincial y municipal analizarán implementar aranceles para la atención de no residentes. Adorni citó el caso de Salta como ejemplo exitoso de esta medida, donde se registró una reducción del 95% en la atención a ciudadanos extranjeros y un ahorro de 60 millones de pesos.

“El fin de la gratuidad para extranjeros no residentes no solo aliviará las cuentas públicas, sino que garantizará una mejor atención para los ciudadanos argentinos», afirmó, asegurando que estas decisiones buscan poner fin a los «tours sanitarios».

Endurecimiento de las políticas migratorias

La reforma también ampliará los motivos de deportación de extranjeros. “Quienes sean atrapados en flagrancia cometiendo delitos, violentando el sistema democrático o usando documentación apócrifa serán expulsados del país y se les prohibirá reingresar», advirtió el vocero.

Además, se incorporará una pena de prisión para quienes violen la prohibición de reingreso. “Nuestro objetivo es avanzar hacia un país ordenado y proteger a los ciudadanos argentinos», enfatizó Adorni tras reunirse con el presidente Javier Milei.

Estas medidas refuerzan la postura del Gobierno en su intención de priorizar los recursos nacionales para los residentes y garantizar un control más estricto en las fronteras.

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