El proyecto, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, propone la derogación de unas 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas, restrictivas o carentes de sentido en la actualidad.
BUENOS AIRES. – El Poder Ejecutivo Nacional envió formalmente al Congreso de la Nación el proyecto de ley denominado «Ley de Hojarascas». Esta iniciativa busca eliminar un conjunto de normativas que, según el diagnóstico oficial, representan una carga burocrática innecesaria, limitan la libertad individual o simplemente han quedado anacrónicas ante el avance de la tecnología y los cambios sociales.
Los tres pilares de la derogación
El texto, que comenzará a ser tratado en las comisiones de la Cámara de Diputados, clasifica las leyes a eliminar en tres grandes grupos:
- Leyes de Gobiernos de Facto: Se busca dar de baja normativas dictadas durante dictaduras militares que aún permanecen vigentes en el cuerpo legal argentino.
- Leyes obsoletas: Normas que regulan sectores o tecnologías que ya no existen. Por ejemplo, regulaciones sobre el control de palomas mensajeras o sistemas de telegrafía.
- Leyes que limitan libertades: Normas que imponen controles excesivos sobre actividades económicas o sociales que el actual Gobierno considera que deben quedar bajo la responsabilidad de los individuos.
«Limpiar el jardín jurídico»
Federico Sturzenegger, principal arquitecto de la medida, explicó que el nombre «Hojarasca» hace referencia a la necesidad de quitar lo que «estorba» para que el sistema legal sea más transparente y eficiente. «Cada ley eliminada es un trámite menos, una prohibición menos o un costo menos para los argentinos», señalaron desde su entorno.
¿Qué sigue ahora?
Para que estas 70 leyes dejen de existir, el proyecto debe seguir el camino legislativo habitual:
- Debate en comisiones (donde la oposición podrá cuestionar qué leyes se quitan).
- Votación en la Cámara de Diputados.
- Ratificación en el Senado.
Desde el oficialismo esperan que el debate sea ágil, argumentando que la mayoría de estas normas no tienen aplicación real en la vida moderna de los ciudadanos, aunque algunos sectores de la oposición ya adelantaron que analizarán «lupa en mano» si alguna de estas derogaciones afecta derechos adquiridos o controles estatales sensibles.