El Ministerio de Seguridad Nacional incorporó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo, acusándola de ser responsable de una serie de actos violentos, incluidos los devastadores incendios forestales en Chubut y Río Negro.
En un contexto marcado por la crisis ambiental y social que afecta al sur argentino, el gobierno de Javier Milei declaró este jueves formalmente a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización terrorista. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, que establece la inclusión de la RAM en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Esta medida llega poco después de que Facundo Jones Huala, líder de la RAM, realizara una controvertida declaración pública en la que reivindicó los «sabotajes» y «atentados incendiarios» contra infraestructuras vinculadas al sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes. Sus palabras generaron repudio generalizado y derivaron en denuncias penales ante la Justicia.
Una década de acciones violentas
La resolución oficial detalla que, desde hace más de diez años, la RAM ha sido responsable de numerosos actos violentos en las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro y Chubut. Entre ellos, se destacan incendios intencionales que han arrasado con bosques milenarios, ataques a viviendas, establecimientos rurales y vehículos, así como agresiones directas contra personas. Estos hechos han sido atribuidos a la organización y reivindicados públicamente por sus líderes, entre ellos Jones Huala.
El Ministerio de Seguridad señaló que estos actos cumplen con los criterios establecidos en el artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación Argentina, que agrava las penas para los delitos cometidos con fines terroristas. Según la cartera, la RAM busca «sembrar el terror y presionar a las autoridades», lo que justifica su inclusión en el RePET junto a organizaciones internacionales como Hezbollah, Hamas, Al Qaeda y el Talibán.
Coordinación internacional y compromisos legales
La inscripción de la RAM en el registro de entidades terroristas también obedece a compromisos asumidos por Argentina en tratados internacionales. Entre ellos, la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que instan a los Estados a adoptar medidas para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento.
Además, el país ha ratificado resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como la Resolución 1373 (2001), que exige a los Estados congelar los activos financieros de personas y entidades vinculadas al terrorismo. En este marco, el Ministerio de Seguridad destacó que la decisión busca cortar cualquier tipo de financiamiento que pueda sustentar las actividades de la RAM.
El rol de la derogación de la emergencia indígena
En los fundamentos de la resolución, se menciona que la derogación del decreto que declaraba la emergencia en tierras indígenas –que durante 18 años impidió los desalojos de tierras ocupadas– «ha contribuido al aumento de los conflictos en la región». Según el Ministerio de Seguridad, este vacío legal ha sido aprovechado por la RAM para intensificar sus actividades, lo que se ha traducido en un incremento significativo de los incendios forestales provocados en el sur del país.
Desde el gobierno aseguran que varios de estos incendios han sido comprobados como intencionales, lo que ha generado graves daños ambientales y económicos. En este sentido, el crimen organizado es visto como una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público, lo que exige respuestas urgentes y contundentes.
Colaboración interinstitucional e internacional
La resolución también subraya la importancia de la colaboración entre los distintos actores del Estado y con organismos internacionales para desarrollar estrategias más efectivas en la prevención, investigación y sanción de estos delitos. Asimismo, se destaca la necesidad de optimizar la asignación de recursos y mejorar los resultados de las investigaciones relacionadas con el crimen organizado.
El Ministerio de Seguridad concluyó que la complejidad y el alcance de las conductas criminales vinculadas a estas organizaciones demandan un esfuerzo coordinado a nivel nacional. En este contexto, la inscripción de la RAM en el RePET representa un paso clave para enfrentar esta problemática.
Polémica y reacciones
La decisión del gobierno ha generado diversas reacciones. Mientras algunos sectores aplaudieron la medida como una respuesta necesaria frente a los actos de violencia atribuidos a la RAM, otros grupos cuestionaron la catalogación de la organización como terrorista, argumentando que se trata de un conflicto territorial y cultural que requiere soluciones políticas y no represivas.
Lo cierto es que la declaración de la RAM como organización terrorista marca un antes y un después en el tratamiento de los conflictos mapuches en Argentina. Ahora, el desafío será encontrar un equilibrio entre la seguridad jurídica, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente en una región históricamente marcada por tensiones sociales y culturales.