En el marco de una profunda reestructuración del Estado, el Gobierno Nacional anunció hoy la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda , mediante el Decreto 70/2025. La medida responde a la convicción de que las políticas de vivienda deben ser gestionadas principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención directa del Estado Nacional en esta materia.
Un cambio de paradigma en la gestión habitacional
La decisión busca descentralizar la política de vivienda y promover un modelo basado en la colaboración entre las jurisdicciones locales y el sector privado. Según fuentes oficiales, este cambio se fundamenta en la necesidad de corregir años de mal manejo de recursos públicos, falta de controles y resultados insatisfactorios en programas nacionales de vivienda.
La ex Secretaría de Vivienda operaba principalmente a través de tres fondos fiduciarios, los cuales ya han sido disueltos o están en proceso de liquidación debido a irregularidades detectadas durante auditorías realizadas por organismos de control. Estos fondos incluyen:
- PROCREAR : El Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR) fue disuelto mediante el Decreto 1018/2024. Auditorías revelaron graves fallas, como demoras significativas en la entrega de viviendas y problemas de habitabilidad en las unidades entregadas.
- Fondo Fiduciario para la Vivienda Social : Este fondo, cerrado a través del Decreto 6/2025, fue señalado por su uso político y clientelar. Además, presentaba múltiples irregularidades e incumplimientos contractuales.
- Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) : Actualmente en proceso de disolución, este fondo también ha sido cuestionado por su ineficiencia y desvío de recursos.
Reorganización institucional
Como parte del proceso de disolución, la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) , liderada por Sebastián Pareja, y la Dirección Nacional de Arquitectura , pasarán a depender de la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Esta reorganización busca optimizar recursos y garantizar una transición ordenada hacia el nuevo esquema de gestión.
Para asegurar la continuidad administrativa, se creará una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET) encargada de coordinar la transferencia de responsabilidades a las provincias, municipios y otros actores involucrados.
Un modelo orientado al crédito privado y la libertad
Desde el Gobierno Nacional destacaron que esta medida marca el fin de «un modelo de corrupción» asociado con programas como Sueños Compartidos , impulsados durante gobiernos anteriores. En su lugar, se promoverá un sistema basado en el crédito privado y la participación activa del sector privado, lo que se considera clave para garantizar mayor eficiencia y transparencia en la construcción de viviendas.
«Estamos cambiando el modelo de corrupción por uno de libertad», afirmaron desde la cartera económica. Según las autoridades, esta transformación permitirá no solo mejorar la calidad de las viviendas construidas, sino también acelerar los tiempos de ejecución y evitar el desperdicio de recursos públicos.
Impacto en las provincias y municipios
Con la disolución de la Secretaría de Vivienda, las provincias y municipios asumirán un rol protagónico en la planificación y ejecución de proyectos habitacionales. Para ello, recibirán apoyo técnico y financiero del Gobierno Nacional, aunque con un énfasis claro en la autonomía local y la participación del sector privado.
Este cambio representa un desafío importante para las jurisdicciones locales, que deberán adaptarse rápidamente a las nuevas responsabilidades. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que la medida fortalecerá la capacidad de respuesta frente a las demandas habitacionales y promoverá soluciones más cercanas a las necesidades de cada comunidad.
Mirada al futuro
La disolución de la Secretaría de Vivienda forma parte de un plan integral de modernización del Estado, enfocado en reducir el tamaño de la estructura burocrática y priorizar políticas eficientes y transparentes. Mientras tanto, el Gobierno Nacional sigue trabajando en la consolidación de un modelo que combine la participación pública y privada para abordar uno de los desafíos más urgentes del país: garantizar acceso a una vivienda digna para todos los argentinos.
En definitiva, esta decisión refleja una nueva etapa en la política habitacional del país, donde la descentralización, la transparencia y la innovación serán los pilares fundamentales para construir un futuro más equitativo y sostenible.