El Gobierno argentino reglamentó recientemente la reforma laboral, enfocándose en varios puntos clave, como las indemnizaciones, los bloqueos sindicales, las multas y el blanqueo laboral. Esta reglamentación responde a una agenda impulsada por el gobierno para flexibilizar las relaciones laborales, incentivando el empleo formal y modernizando algunos aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo.
Uno de los puntos más relevantes es la creación de un fondo de cese laboral. Este sistema opcional, propuesto por el gobierno, permitirá a las empresas sustituir las tradicionales indemnizaciones por despido por un fondo colectivo, similar al ya utilizado en la construcción. Esta medida busca reducir costos para las empresas al tiempo que garantiza protección a los trabajadores en casos de desvinculación.
Respecto a los bloqueos sindicales, un tema altamente debatido, el gobierno decidió no reglamentar el artículo que sanciona a los trabajadores que participen en bloqueos de establecimientos. Si bien el texto original del Congreso consideraba los bloqueos como una grave falta, lo cual justificaba el despido inmediato, la falta de reglamentación abre la puerta a posibles controversias judiciales, dejando en manos de los tribunales la resolución de estos conflictos.
Otro aspecto importante es la simplificación del registro laboral. El proceso para registrar a un trabajador se ha simplificado considerablemente, reduciendo la cantidad de datos necesarios, con el objetivo de fomentar la formalización del empleo. Además, se han introducido nuevas figuras, como la del trabajador independiente con colaboradores, lo que permite a emprendedores contratar a otros autónomos sin establecer vínculos de dependencia, algo que ha sido criticado por algunos sectores sindicales por su potencial de precarización laboral