La Cámara de Senadores de la Nación decidió postergar el debate legislativo en torno al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo nacional que busca facilitar la extranjerización de tierras en Argentina mediante la derogación de las limitaciones vigentes. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, solicitó un cuarto intermedio tras constatar que no se reunían los apoyos clave de los bloques provinciales y aliados para aprobar la desregulación territorial.
RESUMEN EN VIVO: SESIÓN EN EL CONGRESO
- Nueva fecha de debate: El proyecto se postergó formalmente para la sesión del 6 de agosto de 2026.
- Motivo de la suspensión: Falta de consensos y votos asegurados con bloques aliados del PRO, la UCR y partidos provinciales.
- Proyecto en juego: Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, redactada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
- Temas aprobados: El oficialismo sí logró avanzar con la aprobación de 29 pliegos para nombrar y prorrogar cargos judiciales clave.
El tratamiento del proyecto, que ya atravesó un récord de 15 borradores sucesivos para tratar de mitigar los reparos de los gobernadores, no superó la prueba del recinto antes del receso invernal. Las diferencias insalvables sobre la quita de los topes de hectáreas permitidas para capitales foráneos obligaron a congelar la discusión legislativa.
Los puntos clave sobre la extranjerización de tierras en Argentina
El texto impulsado por el Gobierno pretende desmantelar la Ley N° 26.737, sancionada en el año 2011, la cual establece un límite máximo del 15% para la tenencia de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental. Asimismo, la legislación vigente prohíbe que una misma nacionalidad concentre más del 30% de ese cupo y fija un techo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo productiva.
La reforma que se pretendía votar busca eliminar estos porcentajes restrictivos, delegando mayores facultades a las provincias pero abriendo el mercado inmobiliario rural a fondos internacionales. Otro de los puntos más polémicos radica en la implementación del «silencio administrativo positivo», un mecanismo que daría por aprobada de manera automática la venta de tierras rurales si el Estado nacional o provincial no emite una objeción formal dentro de un plazo estipulado.
Tensiones políticas y cruces en la Cámara Alta
La previa de la sesión estuvo marcada por intensas negociaciones contrarreloj y la filtración de cruces verbales de alto voltaje en el seno de la conducción legislativa. La oposición criticó el apuro del oficialismo por debatir un proyecto que afecta la soberanía territorial y los recursos hídricos estratégicos en medio de un clima festivo generalizado por las instancias finales de la Selección Nacional de fútbol.
Desde las bancadas opositoras se cuestionó con dureza el contraste de exhibir símbolos patrios y camisetas argentinas en los escaños del recinto mientras en el orden del día se impulsaba facilitar la adquisición corporativa de recursos naturales indispensables como cuencas de agua, áreas boscosas y amplios territorios linderos a zonas de seguridad fronteriza.
Cómo continúa el tratamiento legislativo en agosto
Pese a las objeciones presentadas a la desregulación inmobiliaria rural, la Cámara Alta logró dar luz verde a otros puntos del temario de la sesión, incluyendo el nombramiento y la prórroga de los mandatos de casi una treintena de magistrados judiciales. Sin embargo, el futuro del dominio agrario nacional quedó sujeto al resultado de las negociaciones que se sostendrán durante el receso de invierno que se extenderá hasta fin de mes.
El reinicio del debate parlamentario sobre la extranjerización de tierras en Argentina está fijado para el próximo 6 de agosto. Los bloques opositores y las provincias esperan revisar el articulado de protección ambiental de la Ley de Manejo del Fuego y los límites estrictos de soberanía limítrofe antes de brindar un aval definitivo a los cambios estructurales exigidos por el Poder Ejecutivo.