El Gobierno argentino ha anunciado que eliminará más de 120.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral, afectando principalmente a personas que no cumplen con los criterios establecidos para recibir este beneficio. La medida surge tras una auditoría que reveló irregularidades en la concesión de estas pensiones, las cuales están destinadas a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos.
Los principales afectados serán aquellos cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, quienes poseen bienes significativos, como vehículos o propiedades, o aquellos con empleo formal. También se revisarán los casos en los que la documentación presentada para justificar la discapacidad sea sospechosa o fraudulenta. Según la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la medida busca restaurar la transparencia en el sistema y asegurar que los recursos se destinen a quienes realmente los necesitan.