La Oficina del Presidente de la Nación informó este martes que se firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para reformar de manera profunda el Régimen Migratorio argentino, en línea con los compromisos asumidos por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.
Entre los principales cambios se establece que ningún extranjero con condena penal podrá ingresar al país, y aquellos que cometan delitos en territorio argentino serán deportados, sin importar la pena. A partir de ahora, incluso las condenas menores a cinco años, que antes no impedían el ingreso o permanencia, serán motivo de expulsión.
El decreto también impone nuevas condiciones para el acceso a los servicios de salud y educación. Los extranjeros que ingresen como residentes transitorios, temporarios o irregulares deberán contar con seguro médico y pagar por los servicios utilizados en hospitales públicos. En 2024, según el Gobierno, la atención a personas extranjeras generó un gasto estimado de 114 mil millones de pesos.
Además, se habilita a las universidades nacionales a establecer aranceles para estudiantes extranjeros temporarios, aunque se mantiene la gratuidad de la educación primaria y secundaria para todos los residentes.
En cuanto a la Carta de Ciudadanía, el trámite se restringe a quienes hayan vivido legalmente en Argentina por al menos dos años o hayan realizado inversiones relevantes. También se exigirá la ausencia de antecedentes penales y la acreditación de medios de vida lícitos.
El comunicado concluye con una reafirmación del principio de legalidad: «Sepan todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino, que en este país dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada».