La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevos capítulos en las últimas semanas luego de que la Procuración de Investigaciones Administrativas y la Justicia federal pusieran la lupa sobre varios de sus desplazamientos, entre ellos el viaje oficial a Nueva York en el avión presidencial junto a su esposa, una escapada familiar a Punta del Este en una aeronave privada y otros movimientos que incluyen un paso por Cataratas.
La causa se originó tras la difusión pública de imágenes y registros de vuelos que despertaron cuestionamientos sobre quién financió los traslados, si existió utilización indebida de recursos públicos y si alguno de los viajes pudo configurar un beneficio incompatible con la función pública. Por el momento, la investigación se encuentra en etapa preliminar y apunta a reconstruir el circuito de pagos, la agenda oficial y la participación de terceros.
Uno de los episodios centrales es el viaje que Adorni realizó a Nueva York, en el marco de la denominada Argentina Week, donde integró la comitiva presidencial. La controversia surgió cuando se conoció que en el avión presidencial también viajó su esposa, Bettina Angeletti, quien no ocupa un cargo público. El propio funcionario admitió su presencia y sostuvo que no implicó un gasto adicional para el Estado, aunque la explicación derivó en denuncias y pedidos de informes que luego llegaron a la Justicia.
A ese expediente se sumó el viaje familiar a Punta del Este, realizado durante el fin de semana largo de Carnaval. Según la documentación incorporada a la causa, Adorni viajó junto a su esposa e hijos en un avión privado que partió desde San Fernando. El juez federal Ariel Lijo ordenó reunir facturas, registros de cámaras de seguridad y comprobantes vinculados a la contratación del vuelo para determinar quién afrontó el costo real del traslado.
En esa línea, una de las hipótesis bajo análisis es si el vuelo fue abonado por terceros vinculados al entorno mediático del funcionario. Declaraciones testimoniales y recibos incorporados al expediente señalan que parte del viaje habría sido costeado por la productora Imhouse S.A., relacionada con el periodista Marcelo Grandío, mientras que el regreso estaría asociado a un paquete de vuelos contratado previamente por otra persona. Ese punto es clave para establecer si existió una posible dádiva o un beneficio no declarado.
Además, la Justicia también busca reconstruir otros movimientos del jefe de Gabinete dentro del mismo período, entre ellos un paso por Cataratas, mencionado en informes periodísticos como parte de la agenda de viajes que ahora se intenta cruzar con registros migratorios, manifiestos aéreos y actividades oficiales. La finalidad es determinar si esos traslados respondieron a compromisos institucionales, actividades privadas o invitaciones de terceros.
Mientras avanza la causa, Adorni negó haber cometido irregularidades y aseguró públicamente que no tiene “nada que esconder”, remarcando que su patrimonio fue construido antes de su ingreso al Gobierno. Sin embargo, la Justicia mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer tanto el origen de los fondos como la legalidad de cada uno de los viajes observados.