El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario el 3 de octubre de 2024, tras una masiva marcha en defensa de la educación pública. La ley, aprobada en septiembre por el Senado e impulsada por la UCR, buscaba aumentar el presupuesto destinado a las universidades nacionales, mejorar los salarios de docentes y no docentes, y asegurar fondos para el funcionamiento de estas instituciones.
Milei argumentó que la ley no contemplaba adecuadamente el impacto fiscal ni identificaba claramente de dónde saldrían los fondos para financiarla. Según su gobierno, la implementación de la ley generaría un gasto adicional de más de $740.000 millones, lo que pondría en riesgo el objetivo del déficit cero. Además, se señaló que la medida crearía privilegios para el personal universitario frente a otros empleados públicos, por lo que se deberían negociar aumentos salariales a través de la paritaria