En un giro histórico para la administración tributaria argentina, el Gobierno nacional oficializó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), reemplazándola con la nueva Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La decisión, que se enmarca en la reforma estructural del Estado impulsada por el presidente Javier Milei, fue publicada hoy en el Boletín Oficial mediante el decreto 953/2024.
El decreto establece la extinción de la AFIP, entidad que operaba bajo el Ministerio de Economía, con efectos inmediatos. La ARCA tomará su lugar y quedará también bajo la supervisión del ministro Luis Caputo. Este nuevo organismo asumirá las funciones y responsabilidades de la AFIP en materia de recaudación fiscal y control aduanero, manteniendo la continuidad jurídica, según detalla la normativa.
Nueva Estructura y Autoridades de la ARCA
Como parte de la reforma, la ARCA operará con una estructura más simplificada y reducirá en un 45% el número de autoridades superiores, y en un 31% los niveles inferiores, eliminando lo que el Ejecutivo calificó como “ravioles” administrativos. Esta medida busca reducir el tamaño del aparato burocrático y optimizar el uso de recursos humanos y financieros en el sector.
El organismo estará dirigido por una estructura de liderazgo compuesta por un director ejecutivo y dos directores generales, encargados de las áreas impositiva y aduanera. Florencia Misrahi, quien ya ocupaba un cargo similar en la AFIP, fue designada directora ejecutiva por un período de cuatro años, junto con Andrés Edgardo Vázquez a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI) y José Andrés Velis en el área de Aduana.
Motivos de la Reforma
En el considerando del decreto, el Gobierno justificó la disolución de la AFIP argumentando que la estructura del ente había alcanzado un sobredimensionamiento, afectando su capacidad de respuesta y eficiencia. Según el Ejecutivo, el diseño de la AFIP presentaba «limitaciones para responder de manera ágil y eficaz a las demandas del sistema tributario y aduanero».
La ARCA, por su parte, se proyecta como un organismo más eficiente, con personal capacitado y especializado, que optimizará la recaudación tributaria y aduanera. El objetivo final, según el Gobierno, es fortalecer la capacidad del Estado para administrar los recursos públicos y mejorar la calidad de los servicios de seguridad social y control aduanero, atendiendo con mayor agilidad las demandas sociales y regulatorias.
Con esta reestructuración, el Gobierno busca avanzar hacia una administración pública más eficiente y moderna, que asegure una administración fiscal y aduanera adaptada a las necesidades actuales del país.