El Gobierno nacional avanza en una profunda reforma del sistema de seguridad fronteriza que incluye la creación de una policía migratoria, una fuerza especializada que dependerá de la futura Agencia Nacional de Migraciones. La iniciativa se encuentra en etapa de diseño y surge como parte de los cambios impulsados por el Ministerio de Seguridad, ahora bajo la conducción de Alejandra Monteoliva.
La propuesta está contemplada en el decreto que modificó la Ley de Migraciones y que habilita una reestructuración del área, con el objetivo de intensificar los controles en pasos fronterizos y aeropuertos, ordenar el flujo de personas y prevenir ingresos irregulares. Según fuentes oficiales, el esquema busca profesionalizar la vigilancia en zonas limítrofes, tarea que hasta ahora recaía principalmente en Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Como parte del plan, la Agencia Nacional de Migraciones será presentada en las próximas horas por Monteoliva junto a la saliente ministra Patricia Bullrich. El organismo asumirá un rol estratégico en materia de fronteras y tendrá competencias operativas, de monitoreo y coordinación con otras fuerzas.
La policía migratoria, aún en proceso de conformación, estaría integrada por agentes provenientes de Prefectura Naval, Gendarmería, la Policía Federal y la PSA, quienes recibirían capacitaciones específicas para desempeñar funciones de control, patrullaje y detección de delitos asociados a las zonas de frontera, como la trata de personas, el narcotráfico y actividades vinculadas al terrorismo.
Si bien la estructura de la nueva fuerza ya está delineada, el financiamiento aparece como el principal desafío. El presupuesto para 2026 no incluye una partida específica, aunque en el Ministerio de Seguridad consideran que será posible avanzar con reasignaciones internas hasta que el Congreso trate la adecuación correspondiente.
La reforma también prevé modificaciones dentro de la Policía Federal Argentina, que pasaría a concentrarse de manera más directa en la investigación criminal compleja. El objetivo es que deje progresivamente las tareas de patrullaje para enfocarse en desarticular organizaciones vinculadas al crimen organizado, siguiendo modelos internacionales de especialización.
En paralelo, sectores políticos y organizaciones de derechos humanos observan con cautela el proyecto y advierten sobre la necesidad de evitar prácticas de perfilamiento o restricciones indebidas para personas migrantes. Aun así, en el Gobierno insisten en que la modernización del sistema fronterizo es urgente y que la profesionalización del control migratorio representa un cambio estructural necesario.
El debate sobre la futura policía migratoria y la reorganización de la seguridad fronteriza se perfila como uno de los ejes centrales de la agenda nacional en las próximas semanas.