El Gobierno nacional ha implementado cambios en los requisitos para la conservación de pensiones no contributivas y asignaciones gestionadas por la ANSES. A través de la resolución 918/2024, publicada recientemente, se establece un nuevo control sobre el requisito de residencia en el país para la obtención o percepción de estos beneficios.
Según la nueva normativa, los titulares perderán el derecho a estas prestaciones si se ausentan de Argentina por más de 90 días corridos. La verificación de este incumplimiento se llevará a cabo utilizando las bases de datos de la ANSES y la información proporcionada por la Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de los convenios vigentes.
En caso de detectarse una falta en el cumplimiento del requisito de residencia, el beneficio será suspendido, hasta que el titular demuestre que ha vuelto a residir en el país. Si la falta de residencia implica la pérdida del derecho, se procederá a la baja definitiva del beneficio.
La resolución también afecta a quienes perciben la bonificación por zona austral, un incentivo otorgado a residentes de regiones alejadas y de difícil acceso. Si se verifica que no cumplen con el requisito de residencia, se dará de baja la bonificación, que podrá ser solicitada nuevamente si se prueba el derecho.
El Gobierno justifica la medida argumentando que, aunque algunas prestaciones ya contemplaban un plazo para definir la residencia, en los casos donde no se especificaba, era necesario establecer un período razonable.
Una auditoría realizada en Buenos Aires y Mar del Plata reveló irregularidades alarmantes: en la Ciudad de Buenos Aires, el 57% de las pensiones no contributivas otorgadas en gestiones anteriores resultaron ser fraudulentas. En Mar del Plata, ese porcentaje ascendió al 80%.
El director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, señaló que estos hallazgos, parte de una investigación ordenada por el presidente Javier Milei, destapan un “escandaloso negocio con la discapacidad”. Según Spagnuolo, el desvío de fondos se estima entre 1.200 y 2.000 millones de dólares anuales, con beneficiarios que incluyen personas fallecidas o que residen en el extranjero, e incluso algunos vinculados a movimientos sociales.