La investigación por presuntas dádivas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó pruebas clave tras la filtración de la factura del vuelo que lo trasladó a Punta del Este durante el último feriado de carnaval. El documento revela que el pago fue realizado por una empresa privada vinculada al Estado.
PUERTO IGUAZÚ / CIUDAD DE BUENOS AIRES. El expediente judicial que tramita en los tribunales de Comodoro Py dio un giro decisivo tras confirmarse los detalles del traslado aéreo de Manuel Adorni y su familia hacia Uruguay el pasado 12 de febrero. Según la documentación que ya obra en poder del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, el vuelo de ida no fue abonado por el funcionario, sino por una productora de contenidos.
Los datos técnicos de la factura
La factura, emitida por la firma de taxis aéreos Alpha Centauri S.A. con fecha 4 de febrero de 2026, detalla un servicio de transporte desde el Aeropuerto de San Fernando con destino a Laguna del Sauce (Punta del Este). Los puntos centrales del documento son:
- Monto total: $6.984.180,00 (equivalentes a **u$s4.830,00** al tipo de cambio de ese momento).
- Pagador: La factura figura a nombre de Imhouse S.A., una productora propiedad del periodista Marcelo Grandio, quien mantiene una relación de amistad de más de 15 años con el jefe de Gabinete.
- El vuelo: Se realizó en un jet privado con capacidad para la familia del funcionario, partiendo a las 10:00 AM del jueves de carnaval.
Contradicciones y sospechas de dádivas
El foco de la Justicia no está solo en el viaje en sí, sino en el origen de los fondos. La productora Imhouse S.A. posee contratos y vínculos comerciales con el Estado Nacional, específicamente a través de la TV Pública, área que se encuentra bajo la órbita de supervisión de la Jefatura de Gabinete que conduce Adorni.
Ante la consulta periodística, Marcelo Grandio ofreció versiones cruzadas. En un primer momento, sugirió que se trató de una atención personal, pero luego afirmó: «Él me dio la plata y yo le pagué a la compañía aérea con mi cuenta porque tengo los contactos». Sin embargo, esta explicación no coincide con la normativa vigente para funcionarios públicos, que prohíbe recibir regalos o beneficios de personas que gestionen o exploten concesiones del Estado.
La situación judicial
El fiscal Pollicita ordenó una serie de medidas de prueba para determinar la trazabilidad del dinero:
- Reconstrucción del circuito bancario: Se busca determinar si existió una transferencia previa de Adorni hacia Grandio que respalde la versión del «favor administrativo».
- El vuelo de regreso: Se investiga un segundo tramo de vuelos privados que habría sido pagado por un tercer empresario, cuya identidad aún permanece bajo reserva.
De confirmarse que no hubo un reembolso real y documentado, el funcionario podría enfrentar cargos por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, además de la figura inicial de dádivas.