El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció la prohibición de los centros de estudiantes en las cárceles federales, argumentando que estas organizaciones podrían ser utilizadas para actividades que comprometan la seguridad y el orden dentro de los establecimientos penitenciarios.
La medida ha generado un intenso debate en torno al derecho a la educación de las personas privadas de libertad y las políticas de reinserción social. Organizaciones de derechos humanos y educativas han expresado su preocupación, señalando que la educación en contextos de encierro es fundamental para reducir la reincidencia delictiva y facilitar la reinserción social.
En contraste, en la provincia de Buenos Aires, la creación de centros de estudiantes en cárceles ha sido respaldada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de fomentar la educación de los internos. Un caso emblemático fue la inauguración de un centro en la Unidad 32 de Florencio Varela en 2023, donde casi 100 personas privadas de libertad cursaban estudios universitarios.
Por su parte, la Cámara Federal de Casación Penal ha enfatizado en varias oportunidades la importancia de garantizar el derecho a la educación de los detenidos. Sin embargo, la situación en las cárceles federales sigue siendo un desafío. En 2020, internos denunciaron que el Servicio Penitenciario no respetaba su derecho a la educación y pidieron la habilitación de clases remotas.
La prohibición de los centros de estudiantes en cárceles federales reabre la discusión sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario argentino.