#DosVotos
En lo que parece ser una guerra abierta contra los movimientos sociales, el Gobierno, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció: “Se van a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se van a retirar para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019, y que, por alguna razón que no comprendemos, la administración anterior (de Alberto Fernández) decidió seguir financiando”. Entre las razones, se expuso una serie de irregularidades, como por ejemplo que el 70% no rendía cuentas y que había falta de controles. También la de ser una “caja política”.
La Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, ya había identificado maniobras similares vinculadas a Emilio Pérsico, el principal referente del Movimiento Evita y ex secretario de Economía Social. “Estaba de los dos lados del mostrador”, cuestionaron en la denuncia penal y sostuvieron que desde su cargo benefició con casi 500 millones de pesos a cooperativas de las que formó parte.
“Durante el gobierno de Alberto Fernández en el Ministerio de Desarrollo Social hubo una organización política, el Movimiento Evita, que cooptó al Estado, que administró fondos multimillonarios en beneficio propio, lastimando directamente a todas las personas que estaban en situación de vulnerabilidad, y también a todos los Argentinos, porque les comieron los impuestos en financiar su política territorial”, describe ante Infobae la presunta maniobra fraudulenta Hernán Reyes, legislador porteño y dirigente de la Coalición Cívica.
“No tenían la mínima legalidad”
Las cooperativas que cuestiona La Libertad Avanza deben ser controladas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Alberto Fernández, al llegar a la Presidencia el 10 de diciembre de 2019, nombró a Mario Cafiero, tío de Santiago -su primer jefe de Gabinete-, al frente del instituto hasta su fallecimiento el 13 de septiembre de 2020. En reemplazo nombró al sociólogo francés e histórico dirigente del Movimiento Evita, Alexander Roig.
Fue durante la presidencia de Roig que se crearon la mayoría de las casi cinco mil cooperativas ahora cuestionadas por la Casa Rosada.
El miércoles 27 de marzo, en su habitual conferencia de prensa, Adorni anunció que será el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, el encargado de “controlar y depurar el padrón nacional de cooperativas que reviste innumerables irregularidades”. Y añadió: “Resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tiempo instituciones que no tenían la mínima legalidad. Había 300 cooperativas relacionadas con el Potenciar Trabajo a las que se destinaban 34 millones de dólares de las cuales ya no tienen razón de ser”.
El vocero presidencial se refería a las 281 Unidades de Gestión a través de las cuales los beneficiarios del Potenciar Trabajo debían desarrollar las 20 horas de labores semanales. Una actividad que controlaban a discreción los mismos movimientos sociales.
Sucede que antes del anuncio del miércoles, Pettovello ya había decidido dejar de transferir los $17.183.910.509 que el año pasado la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz derivó a esas 281 Unidades de Gestión. Los convenios entre esa ex cartera y los beneficiarios eran autorizados por la Secretaría de Economía Social que estaba a cargo de Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita.
En la denuncia pública que realizó Adorni, aseguró: “En los últimos años las cooperativas crecieron de 9.978 a 23.836. El 70% no presentaron balances ni asambleas, el 22% repiten asociados entre ellas, el 20% repiten el mismo mail para registrarse y el 9% increíblemente comparten domicilio”.